El Gobierno acelera para aprobar ya el decreto de vivienda forzado por el impacto del desahucio de Maricarmen

El Ejecutivo trabaja ahora a contrarreloj espoleado por una ola de indignación social tras la expulsión de su casa de una mujer de 87 años en situación de vulnerabilidad; la idea es llegar al próximo Consejo de Ministros con un texto consensuado con Sumar y que ya se negocia con el resto de grupos, pero que aún no está cerradoUn fondo desahucia a Maricarmen a sus 87 años tras un enorme despliegue policial y pese a la presión vecinal

Una respuesta política de urgencia ante el estallido de indignación social provocado por el desahucio de Maricarmen. Esa es la idea con la que trabaja el Gobierno para intentar llegar al próximo Consejo de Ministros con un decreto de vivienda que se encuentra paralizado desde principios de julio por la falta de apoyo parlamentario. En la Moncloa, aunque insisten en recordar que son los grupos de la derecha los que bloquean la norma y que es el PP allí donde gobierna el que no aplica la ley, asumen que la fotografía de una mujer de 87 años sacada de su casa por antidisturbios de la Policía Nacional es un golpe durísimo para un Ejecutivo que prometió que esta sería “la legislatura de la vivienda”. Y por eso la orden política ahora es apretar el acelerador en mitad de un chaparrón de críticas de los colectivos de inquilinos y de las fuerzas de izquierda.

De hecho, ante el previsible desenlace de la situación de Maricarmen, hay varias voces en el seno del Gobierno que ya defendieron de puertas hacia adentro la conveniencia de que ese decreto hubiera sido aprobado en el Consejo de Ministros de esta misma semana. Pero nunca llegó el visto bueno político a ese paso. Lo que ha defendido el Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta ahora es que ese decreto debía impulsarse cuando se tuviera algún viso de éxito parlamentario, pese al rechazo de Sumar, que lleva semanas exigiendo aprobar el texto y tratar de amarrar los votos con él ya en vigor. Principalmente, para que un paquete que incluye, entre otras cosas, medidas tan sensibles como mecanismos antidesahucios o la prórroga de los alquileres no volviera a estar condenado de antemano al fracaso durante su validación en el Congreso.

Pero todo cambió este miércoles tras el desalojo de Maricarmen, que dejó escenas de gran impacto que recordaron al peor momento de la gran recesión y a sus consecuencias económicas y sociales. El objetivo ahora es que el borrador que tiene preparado desde hace meses un Ministerio de Vivienda en el ojo del huracán sea negociado a marchas forzadas en el seno del Gobierno con Sumar, pero también con el conjunto de socios parlamentarios del Ejecutivo. Y que incluso pueda ser aprobado en el próximo Consejo de Ministros aunque no existan todas las garantías de su refrendo en el Congreso.

En cualquier caso, los contactos han comenzado ya. Esta misma semana la propia ministra de Vivienda ha hablado personalmente con los portavoces de algunos de los grupos parlamentarios cuyo voto resulta indispensable para la convalidación, descontado el 'no' de fuerzas como PP o Vox. Además, fuentes de Vivienda confían en que algunas de las fórmulas estudiadas y planteadas en el borrador del decreto sirvan para alcanzar “la cuadratura del círculo” de toda la legislatura. Es decir, conseguir poner de acuerdo a fuerzas políticas tan dispares como Junts, con un discurso alineado claramente a las tesis de PP y Vox en materia de vivienda, con otras de marcado acento de izquierdas como Podemos, que piden ir más allá.

Según ha podido saber elDiario.es, una de esas fórmulas tendría que ver precisamente con las medidas antidesahucios. Lo que recoge la legislación vigente es que desde la primera orden de lanzamiento de un inquilino se abre un plazo legal de cuatro meses en el que ese desalojo se paraliza a la espera de que la administración competente, normalmente comunidades autónomas o ayuntamientos, garanticen una alternativa habitacional. Pero que si transcurrido el plazo no se ha ofrecido esa alternativa, el desahucio se reactiva.

Lo que plantea el texto del Gobierno es una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir sine die los desahucios y el argumento de las derechas (principalmente Junts) de la inseguridad jurídica para los propietarios frente al fenómeno de la “inquiokupación”: que a partir del cuarto mes continúe paralizado el desalojo hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tenga una alternativa pero que sea la administración competente, y no el propietario, quien acarree con todos los gastos mientras dure el proceso.
Negociación con Sumar
Fuentes de la parte minoritaria del Ejecutivo, la de Sumar, también confirman a elDiario.es que hay negociaciones en marcha con el PSOE para aprobar un decreto de vivienda en los próximos días. En concreto, estas fuentes señalan que están trabajando con la idea de llevar un texto al Consejo de Ministros del martes de la semana que viene, el último del mes de septiembre. No obstan