La tremenda capacidad que han desarrollado los senadores del Partido Republicano para tragar sapos quedó reflejada de nuevo cuando, a escondidas, con nocturnidad y alevosía, votaron a favor de confirmar a Todd Blanche, el infame abogado personal de Trump, como fiscal general del EstadoLa tormenta de malestar desatada por Trump amenaza con arrebatarle el Congreso en las elecciones de noviembre
La tremenda capacidad que han desarrollado los senadores del partido Republicano para tragar sapos (de un tamaño que ya se aproxima al de las ovejas churras) por miedo a llevarle la contraria al señor de la oscuridad de Mordor-A-Lago quedó reflejada de nuevo el sábado de la semana pasada cuando, a escondidas, con nocturnidad y alevosía, votaron a favor de confirmar a Todd Blanche, el infame abogado personal de Donald Trump, como fiscal general del Estado.
La votación se produjo pasados 17 minutos de las 4 de la madrugada, mientras todo el país roncaba a compás y, para cuando los estadounidenses saltaron de la cama (temprano, prontito, como las gallinas, porque en Estados Unidos la gente cree a ciencia cierta que a quien no madruga no le ayuda aquí ni Dios), sus señorías habían partido ya de vacaciones.
Cinco semanitas, cinco, de veraneo con paga incluida (algo inédito para la mayoría de los estadounidenses) en las que van a poner tierra de por medio a sus votaciones y, luego ya, para cuando les toque volver al cole, otro tema habrá ocupado la atención mediática. Pero la confirmación de Blanche como fiscal general del Estado de Estados Unidos resulta demasiado grave para acatarla sin indignación.
Blanche viene a sustituir el hueco provocado por la caída en desgracia de su predecesora en el cargo, Pamela Jo Bondi, nombrada por Trump fiscal general del estado en febrero de 2025 como premio por haber ejercido con éxito la defensa durante su primer impeachment (proceso de destitución del presidente en las cortes) pero despedida fulminantemente en abril del 26.
A juzgar por cómo se desarrollaron los acontecimientos con Pam Bondi al frente del Ministerio de Justicia (en Estados Unidos la cartera de justicia y la fiscalía general recaen en la misma persona), Trump debió de formularle a su ministra dos peticiones muy concretas. Una: encontrar cualquier excusa legal para perseguir a quienes le habían obligado a ocupar delante de un juez el banquillo de los acusados. Dos: ocultar a las cortes cualquier documento que pudieran vincularle con Jeffrey Epstein o con su trama de tráfico sexual de menores. Bondi intentó cumplir el primero de los encargos inculpando a Letitia James (la fiscal general de Nueva York que investigo y llevó a juicio civil a Trump por fraude) y a James Comey (exdirector del FBI que lideró las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y denunció públicamente la falta de ética del presidente), pero ninguno de los procesos prosperó por falta de pruebas sólidas o de sustento jurídico de los cargos presentados. Trump no se sintió demasiado feliz por ello, calificó la desestimación de las pruebas como un simple “tecnicismo legal” y presionó a Bondi en las redes para que fuese más agresiva pusiera toda la carne en el asador de una apelación que probase de forma contundente que Laetitia James y James Comey seguían siendo “culpables”: “No podemos retrasarlo más, está matando nuestra reputación. ¡¡¡SE DEBE HACER JUSTICIA AHORA!!!”.
Sin embargo, y a pesar del rapapolvo, el verdadero problema para la fiscal general del Estado empezó a surgir cuando dio síntomas de flaquear en el segundo encargo. En marzo de este año, después de que Bondi se limitara a entregar a las cortes documentos descalificados de la trama Epstein en los que se habían tachado los nombres de múltiples sospechosos al tiempo que se dejaban expuestas las identidades de algunas de las víctimas, la casa de representantes emitió una orden de comparecencia que obligaba a Bondi a dar cuentas al congreso, bajo juramento, sobre la presunta ocultación de información en los papeles de Epstein.
La presión llegaba desde tres altos cargos de su partido, el Republicano: la diputada de Georgia Marjorie Taylor Green, el diputado de Kentucky Thomas Massie y el senador de Misuri Eric Smith. Los tres eligieron ponerse del lado de las víctimas y exigieron a la fiscal general del estado que cumpliese la promesa electoral hecha por Donald Trump de descalificar todos y cada uno de los documentos de la trama. Prometer hasta meter puesto que, en abril, para evitar a toda costa que el testimonio de Bondi se produjese, Trump la destituyó de forma tajante. En redes la agradeció los servicios prestados, en la vida real la arrojó al mismo contenedor de usar y tirar al que previamente había botado a otros leales destronados como el vicepresidente Mike Pence, la embajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley o la Barbie policía Kristi Noem.
