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IZQUIERDA
hace 31 min
Natural de Caravaca de la Cruz en 1960, Albarracín vivió dos vidas dentro de la escena cultural, primero como cantante, bajista y compositor, después como cronista musical, documentando medio siglo del panorama cultural de la comunidad autónoma que lo vio nacerLa Movida “excéntrica” o cómo la Nueva Ola no sucedió solamente en el centro de Madrid
“Todavía no lo puedo entender / No sé bien como pasó / (...) Te recordaré en mi cazadora de cuero”, con estos versos se despedía un jovencísimo Jam Albarracín de un ídolo del punk, Sid Vicius, en el año 1979. Acababa de fundar Farmacia de Guardia, el grupo de que sería uno de los grandes referentes de la contracultura en la Región de Murcia y el resto del país. Casi medio siglo después, Jam ha fallecido a los 66 años en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde permanecía ingresado desde hacía dos semanas. Deja un legado de quien ha vivido por y para la música.
Natural de Caravaca de la Cruz en 1960, Albarracín vivió dos vidas dentro de la escena cultural: primero como cantante, bajista y compositor, después como cronista musical, documentando medio siglo del panorama cultural de la comunidad autónoma que lo vio nacer. Farmacia de Guardia fue todo un grupo de referencia del punk-pop, donde Jam vivió de lleno La Movida, compartiendo escenario con Alaska y los Pegamoides, o siendo versionado por Loquillo. El bajo le llegó de casualidad, mientras repartían instrumentos en un piso de estudiantes con sus compañeros de grupo: Pepe Evangelio, José Luis Roca y Pepe Kayllo. Crítico, sin pelos en la lengua, sus versos fotografiaron una Murcia y una España deprimida económicamente, con una juventud que, como él, estaba desencantada.
Concierto de Farmacia de guardia, Asesinos a sueldo y Alaska y los pegamoides en mayo de 1982
La banda se disolvió en 1998, pero Albarracín siguió creando, reciclándose como productor y poniendo las primeras piedras para la profesionalización del sector musical en la Región de Murcia. Dirigió la agencia de management Rockway y en vísperas de los 2000 formó parte de la multinacional discográfica BMG. En este periodo, contribuyó a la creación de grupos como Overdrive, Anónimos o Abuela Dinamita.
Pero muchos lo recordarán en su etapa como periodista, comenzando sus andadas con las letras en 1995, en el complemento juvenil 'Evasión'. Piedra a piedra, se convirtió en todo un referente del panorama musical de la Región de Murcia, publicando en el diario local La Verdad y colaborando con medios de tirada nacional como Efe Eme, el portal musical Bythefest o Mússica.Info. Tenía una pluma ácida, rozando lo caústico, veraz y certera: “Este verano nos va a liquidar a unos cuantos, a mí el primero”, adelantó en sus redes sociales el propio Jam, tres días antes de su muerte.
Fue un periodista con olfato, con la sabiduría del que también ha estado sobre los escenarios, del que ha sido compañero de los músicos sobre los que escribía crónicas: “En este mundillo donde lo fácil es sonreír y darte una palmadita en la espalda, siempre encontré en Jam una voz honesta para hablar de mis canciones, de las cosas que le gustaban, y lo que es más importante (o no tan común), de lo que no”, recuerda el cantante murciano Carlos Vudú en sus redes sociales.
No todo fue prensa escrita, también dio el salto a la radio, siendo director y presentador del programa radiofónico 'Stereojam', del portal digital murciarock.com y, a lo largo de ocho temporadas en la década de los 2000, del espacio televisivo 'La Jam Evasión'.
En 2023, fue galardonado con el Premio Leyenda en los Premios de la música Narciso Yepes, un reconocimiento a toda una vida al servicio de la música. Con su muerte, el panorama musical murciano pierde voz y pluma, a su cronista y retratista cultural más fiel y apasionado.
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C-IZQ
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La situación económica alrededor de la muerte de Brandon Clarke ha generado una inesperada polémica en la NBA. El jugador de los Memphis Grizzlies falleció el pasado 11 de mayo a los 29 años y todavía tenía por delante una temporada de contrato valorada en 12,5 millones de dólares. En un primer momento, un informe … Continuar leyendo "Escándalo en la NBA por el pago de los 12,5 millones de salario de Brandon Clarke, que murió de una sobredosis"
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C-IZQ
hace 39 min
La medida está aún debatiéndose por la dificultad de acotar a qué cargo público se sancionaría ante esta irregularidad, que a día de hoy el Ejecutivo estima que alcanza a menos de 200.000 personasEl Ejecutivo pide a Bruselas hasta marzo de 2027 para atajar el abuso de interinos a riesgo de una demanda contra España
El Ministerio de Función Pública estudia con las comunidades autónomas sancionar a gestores públicos por el abuso de interinos en la Administración, según ha adelantado El País y confirma a elDiario.es el departamento que lidera Óscar López. El Ministerio está tratando de acotar y cifrar el problema de abuso, que por el momento cifra en “menos de 200.0000” trabajadores temporales.
La medida está debatiéndose junto a otras iniciativas y cambios legales para reducir notablemente los trabajadores temporales en el sector público (casi un tercio en la actualidad frente a la meta establecida del 8%), por lo que Bruselas tiene abiertos varios expedientes contra España.
La sanción a gestores públicos está aún siendo debatida en la mesa de negociación abierta con las comunidades y ayuntamientos, las que más temporales tienen, y presenta la dificultad de acotar a qué nivel y cargo público dirigir la responsabilidad del abuso de interinos y, por tanto, la sanción que finalmente se establezca, explica El País.
Así, por ejemplo, ante el abuso de sanitarios interinos en un hospital, por ejemplo, se presenta la discusión de qué gestor es el verdadero responsable de esta situación. Muchas veces, el recurso a interinos es la única manera de atender el servicio público en cuestión, ante la falta (o demora) de las convocatorias de plazas estables.
elDiario.es ha consultado a Función Pública si se baraja sancionar a cargos políticos, como Consejeros de Sanidad o Educación, por ejemplo, dos de los sectores con más interinos, pero no ha dado detalles al respecto.
“Respecto a las medidas las estamos trabajando con las Comunidades Autónomas porque al final son ellas las que tendrán que adoptarlas, que son las que tienen el problema”, responden en el Ministerio de Óscar López. La próxima reunión con las CCAA es el próximo 24 de septiembre, añaden estas fuentes.
El Ministerio cifra el abuso en menos de 200.000 trabajadores
El Gobierno además está estudiando hasta dónde alcanza el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas, para responder a la Comisión Europea en los expedientes abiertos contra España por este motivo, que pueden derivar en una demanda contra nuestro país frente al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).
Aunque aún no ha cerrado la cifra de afectados, el Ministerio de López precisa que no todos los temporales públicos –casi un millón de personas, un 32% del total de trabajadores del sector– están en una situación de abuso.
De momento, Función Pública sitúa el problema “por debajo de los 200.000” trabajadores temporales, que son las personas que llevan tres años en esta situación, ya que el Estatuto Básico del Empleado Público “fija un límite general de tres años para la ocupación interina de plazas vacantes”, recuerdan en el Ministerio, cambio introducido en 2021 en el paquete de medidas contra la temporalidad abusiva del entonces ministro Miguel Iceta.
“Sin embargo, no todos los interinos que llevan más de tres años estarían en situación de abuso”, por lo que aún tienen que acotar bien el dato, añaden en el departamento de Óscar López.
Bruselas apremió a España responder antes del 30 de junio –con dos meses de plazo– sobre cómo está atajando este problema, que la justicia europea volvió a decir el pasado abril que España no está sancionando de manera adecuada. Tras ello, el Tribunal Supremo dictó una importante sentencia en la que estableció las condiciones para hacer fijos a interinos en abuso, así como a las indemnizaciones económicas para resarzir los daños a los afectados por esta irregularidad.
El Gobierno no llegó al plazo de finales de junio y pidió a la Comisión Europea más tiempo, hasta marzo de 2027, para dar una respuesta sobre la magnitud del problema y las medidas para resolverlo, que es la que está negociando con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para la que ha consultado también a los sindicatos más representativos.