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Líderes del sur de Florida están instando a la ciudad de Doral a poner fin a su colaboración con ICE, ante preocupaciones sobre la aplicación de las leyes migratorias. El grupo afirma que revocar el acuerdo 287(g) de la ciudad ayudaría a restablecer la confianza entre los residentes y la policía local, pero las operaciones federales de inmigración podrían continuar en Doral. Un grupo de líderes demócratas del sur de Florida y miembros de la comunidad se reunió el martes frente al Ayuntamiento de Doral y pidió a las autoridades municipales que pongan fin a su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). El grupo sostiene que el aumento de la aplicación de las leyes migratorias en Doral ha generado miedo entre los residentes y está perjudicando a los comercios locales. Están instando a la alcaldesa Christi Fraga y al Concejo Municipal a rescindir el acuerdo 287(g) de la ciudad con ICE, que permite que determinados agentes de la policía local desempeñen ciertas funciones federales de control migratorio. El Concejo Municipal de Doral votó por unanimidad en abril de 2025 para autorizar la colaboración. El excongresista Joe Garcia estuvo entre quienes criticaron la decisión de la ciudad. "Es indigno lo que hicieron estos líderes", dijo. El alcalde de South Miami, Javier Fernández, también asistió a la rueda de prensa y señaló a su propia ciudad, que nunca suscribió un acuerdo 287(g) con ICE, dijo que Doral debería reconsiderar su decisión de participar en el programa. "Personas trabajadoras, personas que dirigen nuestros pequeños negocios, cocinan nuestras comidas, cuidan a nuestros adultos mayores y construyen nuestros hogares, personas que contribuyen a nuestra economía local, no tenían que ser expulsadas de nuestras comunidades con nuestra ayuda", dijo Fernández. Los oradores en la rueda de prensa del martes argumentaron que la colaboración de la ciudad con ICE ha contribuido a aumentar las preocupaciones entre los residentes en medio de un incremento de las operaciones de control migratorio. Thomas Kennedy, consultor de políticas de la Florida Immigrant Coalition, dijo que poner fin al acuerdo ayudaría a reconstruir la confianza entre los residentes y las fuerzas del orden locales. "Lo más importante es que restablecería la confianza entre los miembros de la comunidad y la policía", dijo Kennedy. "Hay muchísima gente que ahora mismo no está denunciando delitos porque piensa que va a ser el objetivo de la aplicación de la ley". Sin embargo, cuando se les preguntó si podían identificar casos específicos en los que la policía de Doral haya usado el acuerdo 287(g) para ayudar a ICE, los oradores no pudieron aportar ejemplos. "No puedo decirles incidentes específicos en los que la policía de Doral haya trabajado con ICE, pero lo que sí puedo decirles es que ha habido varios incidentes solo en Florida en los que personas que llamaron a la policía fueron detenidas y terminaron en centros de detención migratoria", dijo Kennedy. El programa 287(g) permite que ICE delegue ciertas responsabilidades de control migratorio en agentes estatales y locales capacitados, bajo supervisión federal. Dependiendo del acuerdo, esas responsabilidades pueden incluir ejercer una autoridad migratoria limitada durante las funciones policiales habituales o participar en operaciones dirigidas por ICE. Rescindir el acuerdo de Doral pondría fin a la autoridad adicional de control migratorio otorgada a sus agentes mediante esa colaboración. Sin embargo, no impediría que agentes federales de ICE continúen realizando operaciones migratorias en la ciudad. También sigue sin estar claro si los agentes de la policía de Doral han ejercido su autoridad de control migratorio en el marco del programa. Nos hemos puesto en contacto con la ciudad de Doral para saber si las autoridades están considerando rescindir el acuerdo y si los agentes de la policía de la ciudad han usado su autoridad en el marco del programa pero no hemos recibido respondido a esas preguntas.

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