Su propio partido respalda el juicio político tras la caída de Ueno Bank, que ha congelado los ahorros de casi la mitad del país, mientras la televisión paraguaya asegura que la Fiscalía prepara su orden de captura Leer

"Una durísima pérdida para todos", señaló el excoordinador general del GACH, Rafael Radi; "Trasciende su propia vida. Un patriota", indicó el exministro de Salud Pública Daniel Salinas.

La fiscal encargada del caso, sostuvo en la diligencia llevada a cabo el 5 de noviembre de 2026, que la campaña de Juan Manuel Santos a la Presidencia para el período 2014-2018 no reportó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los recursos que, según la investigación, aportó Constructora Norberto Odebrecht mediante el pago de servicios de marketing político prestados por Paddington Venture Ltda.De acuerdo con su exposición, el 25 de junio de 2014 José Roberto Prieto Uribe presentó el informe de ingresos y gastos de la campaña para la primera vuelta presidencial, a través del formato número seis y sus anexos. Allí declaró gastos totales por $13.503.047.446,30 y no registró donaciones de ningún tipo.La fiscal señaló que los libros contables y el anexo 6.8 incluyeron 21 pagos a Sancho BBDO por $403.500.426. Sin embargo, afirmó que no existe registro del pago de un millón de dólares, equivalente entonces a $1.960.500.000, ni una referencia a gastos de Paddington Venture Ltda.Según la acusación, Odebrecht pagó esos servicios de marketing político en marzo y abril de 2014, aunque el beneficiario fue la candidatura de Santos. Por esa razón, indicó que los gastos reales de la campaña para la primera vuelta, celebrada el 25 de mayo de 2014, ascendieron a $15.463.547.446,30.Esa cifra habría excedido en $1.910.593.796 el límite fijado por el CNE para esa etapa de la contienda. La Resolución 289 de 2014 estableció un tope de $13.552.953.683 para los gastos de campaña presidencial en primera vuelta.La fiscal agregó que Prieto Uribe no corrigió el informe de primera vuelta ni incluyó esos recursos en las cuentas de segunda vuelta. El 15 de julio de 2014 presentó ante el CNE el reporte de ingresos y gastos para esa fase electoral, por $9.475.898.802,96. Según su planteamiento, el documento tampoco informó aportes, donaciones o servicios financiados por Odebrecht.Con base en los informes suscritos por Prieto Uribe y en la certificación de la auditora externa Marta Lucía Bejarano Garavito, el CNE reconoció al Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, recursos por reposición de votos.Mediante la Resolución 003688 del 6 de diciembre de 2014, el organismo reconoció $6.576.386.975 por la campaña de primera vuelta de Juan Manuel Santos. Más tarde, la Resolución 003714 del 18 de diciembre de 2014 autorizó el pago de $9.499.258.340 por reposición de votos correspondiente a la segunda vuelta.Fiscalía imputará cargos a Roberto Prieto, exgerente de la campaña de SantosRoberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña de reelección presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, comparecía este jueves 5 de noviembre ante la justicia en una audiencia de imputación de cargos por hechos relacionados con un contrato de un millón de dólares que, según la investigación, habría sido usado para financiar estudios y hacer seguimiento a la candidatura presidencial.El proceso estaba relacionado con presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht, canalizados a través de una sociedad vinculada a la agencia de publicidad Sancho BBDO.La Fiscalía General de la Nación tenía previsto imputarle los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito, luego de que el Grupo de Tareas Especiales del ente acusador retomara un expediente que había permanecido paralizado durante varios años. Los hechos bajo investigación se remontaban a un contrato suscrito en febrero de 2014, durante la campaña en la que Santos buscó un segundo mandato.Según la investigación, Prieto habría omitido reportar en los informes oficiales de ingresos y gastos presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un aporte atribuido a Odebrecht.Por estos mismos hechos, Prieto recibió una sanción disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en 2023: fue inhabilitado durante 12 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado. El Ministerio Público también le impuso una multa de $ 50,5 millones por las irregularidades detectadas en la información financiera entregada al CNE.

Andrés Malamud planteó en el 16° Foro ABECEB que América Latina carece de la escala individual para fijar precios de sus recursos estratégicos y que, sin integración regional, la región está condenada a seguir siendo proveedora de materias primas. “La pregunta es cómo creamos la OPEP del litio, la OPEP del cobre, la OPEP de las tierras raras en América Latina”, afirmó el investigador durante el panel “América Latina: ¿proveedor de recursos o plataforma estratégica?”.El debate, que reunió a Malamud con Ricardo Sennes, director de Prospectiva Public Affairs Latam, y fue moderado por Rosendo Grobocopatel, giró en torno a si el actual contexto geopolítico global representa una oportunidad real para que la región dé un salto cualitativo o si, en cambio, perpetúa su rol histórico de exportadora de commodities sin agregar valor.Malamud fue directo al comparar la situación regional con el origen de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP): así como Arabia Saudita necesitó construir un cartel para incidir en el precio del petróleo, ningún país latinoamericano puede solo determinar el valor del litio, el cobre o las tierras raras. Entre Argentina, Bolivia y Chile concentran entre el 80 y el 85 % de las reservas mundiales de litio, pero la ausencia de coordinación política hace que esa ventaja no se traduzca en poder de negociación.El investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa señaló que el problema no es solo económico. Apuntó que las principales actividades económicas de la región son ilegales —el narcotráfico y la minería ilegal del oro— y que eso erosiona la base sobre la que debería construirse cualquier proyecto de integración productiva. “El crimen no paga impuestos”, dijo, y advirtió que mientras el 45% de Argentina y el 70% de Perú operan en la informalidad, hablar de plataformas estratégicas regionales resulta prematuro.Desde una perspectiva más optimista sobre las posibilidades concretas, Sennes destacó que Brasil, Colombia y Argentina se ubican entre los cinco países del mundo con mayor tiempo de conexión a internet por habitante, y que esa penetración digital ya generó empresas de escala regional como Nubank y Mercado Libre. Para el consultor brasileño, ese capital social podría permitir un salto que no pase necesariamente por la industrialización tradicional.“Tenemos un espacio que tal vez permita un salto que no es ese salto lineal de pasar de las commodities a la industrialización básica”, sostuvo Sennes. Propuso avanzar con una lógica de integración selectiva: en lugar de construir grandes marcos institucionales regionales —parlamentos, tribunales, monedas comunes—, enfocarse en sectores con economía política favorable, como los servicios digitales, las cadenas de valor del agronegocio y la minería. Citó como modelo la regulación gradual que Brasil aplicó al sector fintech, donde el peso regulatorio fue creciendo en proporción al impacto sistémico del negocio.La lógica original del MercosurAnte la pregunta por los caminos posibles, Malamud rechazó la idea de que el modelo europeo de integración sea el punto de partida: en realidad, es el punto de llegada. Recordó que tanto la Unión Europea (UE) como el Mercosur comenzaron encadenando sectores productivos específicos —carbón y acero en Europa, trigo, petróleo y autos en el caso del bloque sudamericano— y solo después construyeron instituciones. “Este fue siempre el camino que funcionó. No hay que inventar la rueda”, señaló.El investigador citó al excanciller argentino Dante Caputo para explicar que la decisión original de Raúl Alfonsín y el presidente brasileño José Sarney fue respetar la función de la integración —la articulación productiva— y no copiar su forma institucional, como sí hizo la Comunidad Andina, que construyó parlamento, tribunal y universidad sin que nada funcionara. El error se repitió luego con el propio Mercosur, que derivó en instituciones vacías. El diagnóstico de Malamud fue que el bloque tuvo “siete años de oro” entre 1991 y 1998, hasta que la devaluación brasileña y la posterior irrupción de China como socio comercial diluyeron los incentivos para la integración vecinal.Sennes analizó la inserción internacional de Brasil en términos cualitativos, más allá del volumen comercial. Si bien China es el principal socio por exportaciones, esas ventas se concentran en grandes empresas y en commodities sin valor agregado. En cambio, las exportaciones hacia América Latina tienen un componente industrial significativamente mayor —incluyendo aviones de Embraer—, las de Estados Unidos involucran a las pequeñas y medianas empresas, y las de Europa representan la principal fuente de capital de largo plazo. “Tenemos que mantener estas cuatro o cinco relaciones más o menos equilibradas. Esto es estratégico”, afirmó.Malamud complementó esa lectura con una defensa de la diversificación de vínculos como estrategia en sí misma, ilustrada con dos anécdotas concretas. La primera: Argentina es uno de l

Un nuevo informe de balística ha llevado a la Audiencia de Lleida a reabrir la investigación por el asesinato de Isaac Martínez, muerto a tiros en 2006 en el barrio de Cappont. La causa estaba cerca de prescribir y el juzgado decidirá el martes sobre la situación del único investigado.La revisión de análisis forenses años después de un crimen puede alterar el recorrido de una causa que parecía agotada. En el caso de Isaac Martínez, asesinado cuando tenía 26 años, la discusión judicial vuelve a situarse en los residuos hallados en la ropa del único investigado y en el valor que deben tener los informes periciales elaborados entonces.La Audiencia de Lleida ha acordado reabrir la causa a pocos días de que se cumplan dos décadas del crimen. La decisión responde a un nuevo análisis del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, solicitado por la acusación particular, que considera compatible una partícula localizada en el pantalón del investigado con los residuos producidos por un disparo de arma de fuego.Siete disparos y dos detencionesIsaac Martínez salió de un aparcamiento próximo a su vivienda, en el barrio de Cappont, el 9 de noviembre de 2006. Cuando se encontraba en su vehículo, un hombre vestido de negro, con pasamontañas y chaleco reflectante, se acercó a la ventanilla y le disparó siete veces.La investigación se centró desde el inicio en J.R., el único investigado. Fue detenido el mismo día del asesinato, aunque quedó en libertad después de que las primeras pruebas no confirmaran la presencia de residuos de disparo en sus manos.Meses más tarde, en junio de 2007, los Mossos d’Esquadra volvieron a detenerlo. Los análisis realizados entonces habían detectado bario, plomo y antimonio en sus manos, elementos asociados a la detonación de munición. El investigado ingresó en prisión preventiva, donde permaneció seis meses y dos días.Informes periciales enfrentados durante dos décadasLa causa quedó frenada por la existencia de conclusiones científicas contrapuestas. La Policía Nacional elaboró un informe que no apreció restos de disparo en las muestras examinadas, una valoración que abrió la puerta a la puesta en libertad del investigado y al posterior archivo del procedimiento.El informe de la Guardia Civil que consta en el sumario también señaló la presencia de partículas compatibles con residuos de disparo en los pantalones de J.R. Sin embargo, no estableció una correspondencia concluyente entre aquellos vestigios y los cartuchos utilizados contra la víctima.El nuevo dictamen examina una partícula de plomo, antimonio y bario encontrada en la parte delantera del pantalón. Según el análisis, su origen está en la detonación de un cartucho de arma de fuego. El documento introduce un matiz relevante: no resulta posible atribuir de forma inequívoca esos residuos a la misma munición empleada en el asesinato, ya que la composición del fulminante aparece en numerosos tipos de cartuchos.La defensa del investigado sostuvo durante la instrucción que los elementos detectados podían proceder del cambio de una batería de coche. La acusación particular sostiene, en cambio, que los nuevos criterios técnicos obligan a revisar la interpretación que se hizo de los indicios en 2007 y 2008.El plazo de prescripción vencía en mayo de 2027El abogado de la familia, Pau Simarro, había reclamado que el caso se retomara antes de que quedara fuera del alcance penal por el transcurso del tiempo. El letrado calcula que el plazo de prescripción no vencería hasta el 11 de mayo de 2027, al sumar el periodo que el investigado pasó en prisión preventiva.Simarro ha afirmado, según recoge EFE, que la resolución llega “en el último minuto” y ha confirmado que el Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida ha citado a las partes para el próximo martes. En esa comparecencia se abordará la situación personal de J.R., para quien la acusación particular prevé volver a solicitar prisión provisional.La reapertura no resuelve la autoría del asesinato ni permite vincular de forma definitiva los residuos de la ropa del investigado con el arma utilizada. En cambio, sí devuelve el expediente a la fase de investigación, casi 20 años después de los disparos que acabaron con la vida de Isaac Martínez.(En ampliación)