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IZQUIERDA
hace 29 min
Nacido en Granada en 1944, fue una de las figuras más influyentes de la guitarra flamenca contemporánea
El guitarrista flamenco José Antonio Carmona Carmona, más conocido como Pepe 'Habichuela', ha muerto este martes a los 82 años en Madrid. Nacido en Granada en 1944, fue una de las figuras más influyentes de la guitarra flamenca contemporánea.
Sus inicios artísticos fueron en su Granada natal. Hasta que, en 1964, decidió seguir los pasos de su hermano mayor, Juan, y marcharse a Madrid. Allí compartió tablaos y cartel con Juanito Valderrama, Camarón de la Isla y Enrique Morente.
El Consejo de Ministros le había concedido este año la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
NOTICIA EN AMPLIACIÓN.
El artista ha fallecido a los 82 años en Madrid. Fue patriarca involuntario del flamenco moderno, especialmente, del grupo Ketama, en el que militó su hijo
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Luz verde al regreso de los vecinos de dos urbanizaciones de Pelayos de la Presa y de cinco de San Martín que permanecían desalojados
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IZQUIERDA
hace 2 h
El tribunal le permite fijar su residencia en Grecia, debiendo acudir una vez al mes a firmar al consulado español; el futbolista valenciano recurrió la condena de ocho años de prisión por agredir sexualmente a una joven en su chalet en BéteraRafa Mir recurre la condena a ocho años y medio por agresión sexual y tilda la sentencia de “autocrática” y “arbitraria”
El futbolista Rafa Mir, condenado a ocho años de prisión por agresión sexual, formaliza su traslado a Salónica para jugar en la próxima temporada. Tras el visto bueno de la Audiencia Provincial de Valencia para el cambio de residencia, el Sevilla FC acuerda la cesión del jugador con el Aris de Salónica durante un año, un acuerdo que incluye la posibilidad de compra.
El tribunal valenciano ha estimado la solicitud de Mir, que actualmente tenía contrato con el Sevilla, para trasladar su residencia a la ciudad griega, y deberá acudir una vez al mes a firmar al consulado español. Este martes, el club andaluz ha comunicado el acuerdo en un escueto escrito: “El Sevilla FC y el Aris de Salónica han llegado a un acuerdo para la cesión, con opción de compra, de Rafa Mir. El delantero ya jugó a préstamo en las dos últimas temporadas en el Valencia CF y el Elche CF. En el curso 2024-2025 en el conjunto de Mestalla disputó 22 partidos oficiales y sumó dos goles y dos asistencias, mientras que en la temporada pasada en el cuadro ilicitano disputó 29 partidos e hizo ocho tantos”.
La Sección Cuarta de la Audiencia condenó al deportista a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a una joven al considerar probado que Mir, jugador del Valencia CF en el momento de los hechos, agredió a una joven a la que había conocido previamente en un local de la capital, en la noche del 31 de agosto de 2024 en el propio domicilio del futbolista en Bétera. Mir ha recurrido su condena, alegando que la sentencia es “autocrática” y “arbitraria”.
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IZQUIERDA
hace 2 h
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, sindicatos, ONGs y todos los líderes de la oposición de izquierdas en Andalucía cargan contra Feijóo y el presidente Juanma Moreno por dar a la ultraderecha el control de un servicio psicosocial a mujeres agredidas que tildaron de "ideológico", estando en la oposición, y exigieron depurar a sus empleados públicos
Moreno cede a Vox el servicio para valorar a víctimas de violencia de género que los de Abascal pedían “depurar” por su “sesgo ideológico”
Vox irrumpió hace siete años en la esfera política andaluza exigiendo la derogación de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que acababan de aprobarse en el Parlamento por unanimidad, la primera, y por amplísima mayoría la segunda.
No lo consiguió, pero su primera iniciativa parlamentaria fue encaminada a tratar de identificar, con nombres y apellidos, a todos los empleados públicos, funcionarios, trabajadores subcontratados por la Junta o vinculados a ONG subvencionadas que operasen en la lucha contra la violencia machista. La solicitud formal de ese listado de personas -que los afectados llamaron “caza de brujas”- apuntaba a los servicios psicosociales y de peritaje judicial, adscritos tanto a la Consejería de Justicia como al departamento de Igualdad de la Junta de Andalucía, en el primer Gobierno de Juanma Moreno sustentado por la ultraderecha.
La motivación de aquella primera medida, en 2019, era poner en cuestionamiento todo el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos. Y el objetivo confeso era “depurar” a los profesionales -psicólogos, médicos forenses y trabajadores sociales- que evaluaban el riesgo de las víctimas, la reincidencia del agresor y la desprotección de los menores, articulando una acusación durísima: falta de cualificación y “sesgo ideológico”. “Feminismo supremacista de izquierdas”, lo llamó el promotor de la iniciativa, el entonces líder andaluz de Vox y juez de Familia inhabilitado, Francisco Serrano.
Todo esto generó una enorme polémica entonces y fue motivo de la primera bronca de aquella legislatura, en la que el entonces líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, se desgañitó la garganta llamando “fascistas” a los primeros 12 diputados de Vox; y Serrano se mofó de su “alarmismo” tildándole de “planchabragas”.
Siete años y cuatro gobiernos autonómicos de PP y Vox después, la decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno, de ceder a esa misma ultraderecha el control de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de los Institutos de Medicina Legal, adscritos a la Consejería de Justicia que pilota su líder, el vicepresidente segundo Manuel Gavira, ha cimbreado la política andaluza y nacional en pleno mes de agosto.
Desde el Ministerio de Igualdad, pasando por la dirección federal socialista o la líder regional del sindicato CCOO, hasta los primeros espadas de todas las formaciones de izquierdas en la oposición -PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía- han salido en tromba para condenar esta cesión de funciones a una formación que abandera el negocionismo contra la violencia de género y que, estando en la oposición, pidió “depurar” a los empleados públicos de estas unidades de valoración por un supuesto “sesgo ideológico”.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apuntado directamente al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigiéndole que aclare si con esta medida está desmarcándose del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito por socialistas y populares junto a otras formaciones en diciembre de 2017.
“Aquí, las consecuencias del pacto PP-VOX en Andalucía. La atención a las víctimas de violencia de género en manos de quienes la niegan. 290 mujeres han sido asesinadas en Andalucía desde 2003. Esto es una irresponsabilidad. Feijóo, ¿está usted rompiendo el Pacto de Estado?”, ha escrito en su cuenta de X, con un enlace a la información adelantada por este periódico. Su número dos, la secretaria de Estado por la Igualdad, María Guijarro, ha sido más dura aún: “A los defensores del machismo les entregan las víctimas. A quienes las ignoran les dan su custodia. Estaremos muy vigilantes”, ha defendido.
